Interior: "No queremos más muertes de policías en servicios ilegales"

Sociedad

12/06/2019 14:41

Interior: "No queremos más muertes de policías en servicios ilegales"

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"No más 223", reclamó el director de Comunicación del ministerio, apuntando a la responsabilidad de los empresarios.

En el Ministerio del Interior salieron a defender la eventual prohibición de que los policías puedan portar sus armas cuando cumplan actividades remuneradas en forma privada, una medida a estudio de esa cartera, según adelantó este lunes el director general Mario Layera.

El anuncio, efectuado horas después del asesinato de Rogelio Souza, un agente que desempeñaba tareas de seguridad en un reparto de bebidas, persigue el objetivo de eliminar la prestación de este servicio en forma irregular.

“Las cosas por su nombre, no más 223”, sostuvo este miércoles el director de la Unidad de Comunicación del ministerio, Fernando Gil. Fue en referencia al término con el que se conoce, en la jerga policial, a la realización de este tipo de actividad por fuera de la normativa.

En una columna de opinión, Gil recordó que los últimos casos de policías abatidos cuando cumplían tareas particulares estando armados desató una polémica que las autoridades pretendieron zanjar cuando limitaron los servicios extraordinaarios prestados por los uniformados, en el marco del artículo 222 de la ley 13318.

Allí, remarcó, comenzó a ser una constante la proliferación de servicios irregulares.

“Contrataciones que hoy son ilegales y que buscan solaparse bajo la asignación ficticia de una tarea, cuando la verdadera intención del empleador es requerir los servicios de un policía, sin tener en cuenta que con ello no solo viola ley sino que expone a un trabajador a correr un riesgo que en muchas ocasiones a sido fatal”.

La medida a estudio, indicó Gil, se piensa como un desestímulo para este tipo de contrataciones, y par que los policías no corran más riesgos innecesarios.

El director de la Unidad de Comunicación recordó también que la limitación en las horas de 222 que podían hacer los agentes perseguía el objetivo claro de devolverle al servicio ordinario su importancia ante el crecimiento de los delitos. Un aspecto que tenía en ese punto una vulnerabilidad evidente, ya que se disminuía la capacidad operativa de los funcionarios al reservarse para cumplir las tareas extraordinarias en desmedro de su misión original, afectados por las retenciones que sufrían sus salarios.

Es que, en ese entonces, los ingresos por 222 no tributaban leyes sociales, por lo que los efectivos hacían de ese su principal ingreso, desatiendo su labor principal y desvirtuando los servicios de seguridad.

El límite fue establecido en 50 horas mensuales, recordó, al mismo tiempo en que se implementaba una recuperación salarial para no afectar los ingresos de los policías.

Gil insistió y sostuvo que la contratación irregular de policías podría encuadrar en la ley de Responsabilidad Social Empresarial.

“Dichas contrataciones, reconocidas implícitamente por empresarios y sindicalistas, no hacen más que abonar las tesis de vulnerabilidad a la que están expuestos los policías que aceptan dicha responsabilidad, sin contar los recaudos propios de su función”, dijo.

Lo hacen, apuntó, en total indefensión no solo legal sino fáctica, por cuanto no cuentan con el uniforme, “que de por sí ya disuade”. Tampoco con chaleco antibalas, con el resguardo del sistema de comunicación policial con con respaldo de la propia fuerza.

“Eso, por hacerlo en forma clandestina y al margen de la ley”.

Gil rebatió a su vez el argumento de los sindicatos policiales, que afirman que el estado o la condición policial se aplica al funcionario todo el tiempo. Al respecto, sostienen que desarmarlo cuando realiza tareas particulares implicaría dejarlo indefenso mientras sigue siendo policía.

En su visión, el arma solo serviría para visibilizar a un policía encubierto, convirtiéndolo un objetivo para el delincuente.

Además, dijo, utilizar un recurso público del Estado para una actividad particular o privada también es algo ilegal, que debería ser responsabilidad de quien contrata más allá de quien la utiliza.

“Si se hace necesaria una ley, que se legisle, pero no queremos más muertes de policías en actividades por servicios ilegales o clandestinos”, concluyó Gil.

Atormentados por el consumismo

La situación de los policías abatidos mientras cumplían funciones irregulares de seguridad se disparó a mediados de 2017, con la muerte de Wilson Coronel, un cabo asesinato al resistirse a una rapiña en un restaurante de Pocitos.

Estaba allí desempeñando un servicio “223”.

La decisión, pese a los riesgos, de muchos agentes de realizar este tipo de tarea fue fundamentada en su momento por el subsecretario del Interior, Jorge Vázquez.

“Muchos se ven atormentados o preocupados por las retenciones judiciales y el consumismo” había afirmado el jerarca.

"El manejo de la situación económica de un policía es un tema complejo, y no lo arreglamos aumentando las horas del servicio 222 ni mejorando el salario, sino asumiendo la responsabilidad del manejo adecuado de los recursos económicos que cada uno de nosotros tiene", aseguró.