Raincoop: extrabajadores demandan a sus compañeros y a la Intendencia

Sociedad

12/06/2019 06:26

Raincoop: extrabajadores demandan a sus compañeros y a la Intendencia

El juicio fue entablado por los que pasaron a desempeñarse en Cutcsa y los que se jubilaron, y perdieron su parte como cooperativistas.

Este jueves se cumplirán tres años exactos del cierre de Raincoop. Una cooperativa de transporte formada en 1975, que contaba con 147 permisos urbanos y suburbanos, y con cerca de 590 trabajadores.

Al momento del cese se hicieron varios acuerdos, que posibilitaran una salida laboral para sus integrantes, en los que además del sindicato participaron la Intendencia de Montevideo y el Ministerio de Trabajo.

Uno de ellos giraba en torno a cómo se distribuirían los permisos en función de la proporción de trabajadores que asumieran las demas empresas: Coetc, UCOT y Cutcsa, que se sumó a último momento.

En las conversaciones, hubo factores polémicos. Por un lado, Transporte distribuyó 26 permisos y autorizó el ingreso a la empresa correspondiente de cuatro trabajadores por cada uno.

La Intendencia, en cambio, estableció 3,1 funcionarios por coche que tomaran los permisos urbanos.

Eso produjo una limitación: no más de 480 empleados tendrían un puesto de trabajo seguro. Otros 115, en tanto, se verían su empleo y, además, sin la parte oficial que tenían en la cooperativa.

Así lo dijo Luis Figarola, dirigente de Ascot, al plantear en el Parlamento el último capítulo de una polémica en torno a Raincoop que, lejos de apagarse, sigue vigente.

Según planteó el sindicalista ante la Comisión de Transporte de la Cámara de Diputados, de esos 115 compañeros que quedaron sin trabajo, 52 fueron a una bolsa de trabajo. El resto, 63 personas, estaban por jubilarse o podrían hacerlo a corto plazo, previo pasaje por el seguro de paro y el subsidio por inactividad.

El problema se suscitó por la diferencia entre los que pasarían a desempeñarse en UCOT y Coetc y los que lo harían en Cutcsa. Estos últimos, si bien mantenían la fuente la laboral, perderían su parte de cooperativistas, valuada entre 30 mil y 40 dólares.

En busca de una solución Ascot, en acuerdo escrito con la Intendencia, propone la creación de un “fondo de solidaridad”.

Se iba a constituir con un aporte, realizado por 48 meses, por todos los que “les tocara en suerte” ir a trabajar a las cooperativas. Se establecería un monto fijo de 3000 pesos que cada uno debería aportar a lo largo de esos cuatro años.

Permitiría, explicó Figarola, otorgarle un resarcimiento económico a los perjudicados.

Una asamblea aprobó la propuesta, mediante un convenio por el cual la Comuna “velaría” por su cumplimiento.

Para el dirigente, el pedido era concreto: que el resto de sus compañeros “hicieran un pequeño esfuerzo para permitirle un resarcimiento a aquellos que, entre otras cosas, dejaban sus puestos para que otros los mantuvieran”.

Hasta el momento, según Figarola, no hubo novedades. En total, dijo, fueron 103 los trabajadores perjudicados, que iniciaron un demanda previa para buscar algún tipo de acercamiento que permitiera la constitución del fondo. Sin éxito.

La demanda apunta a los otros 338 operarios que pasaron a desempeñarse en UCOT y Coetc e incluye a la Intendencia de Montevideo, “el mayor responsable” según los dirigentes.

Figarola fue contundente. “El ingeniero Daniel Martínez (entonces intendente de Montevideo) nos engañó en nuestra buena fe. No cumplió con su palabra y no cumplió con lo que escribió”, dijo.

Lo que pretenden los reclamantes es la constitución del fondo de solidaridad. Además de Martínez, en la demanda aparecen citados el ministro Víctor Rossi y el entonces director de Tránsito de la Intendencia, Máximo Oleaurre.

Lo que logró la diligencia preparatoria es que la Justicia ordenara la apertura de una cuenta donde vienen siendo depositados los aportes del único trabajador que está cumpliendo lo acordado.

“Fallaron como personas los compañeros que hoy tienen actividad permamente y siguen manteniendo el caudal económico de su participación social”, apuntó Figarola.

Según sostuvo, el plan inicial era que, a partir del fondo, los que estaban por jubilarse y los que quedaran fuera del sistema irían a recibir unos 510 mil pesos. Los que empezaron a trabajar en Cutcsa, pero perdieron la partipación social, percibirían 150 mil pesos.

El monto total del reclamo asciende a 48 millones de pesos, más reajustes e intereses.