Jorge Díaz y decisiones de fiscales: "Todos los días me trago un sapo"

Sociedad

11/06/2019 16:47

Jorge Díaz y decisiones de fiscales: "Todos los días me trago un sapo"

FGN

Siete de cada 10 formalizados van a prisión, según el fiscal general, que dice que hoy hay tantos presos como con el viejo código procesal.

En este momento, el 72% de las personas que son formalizadas o condenadas por un proceso abreviado en la primera instancia de formalización van a prisión. De ese porcentaje, el 61% ingresa prisión como condenada mediante un procedimiento abreviado. Con prisión preventiva ingresa el 11%, en tanto el 8% es formalizada y sin prisión preventiva.

El 18%, en tanto, va a suspensión condicional de proceso y acuerdo reparatorio.

Este es resultado que, hasta mayo, arrojó la aplicación del nuevo Código del Proceso Penal (CPP), que se puso en vigencia el 1 de noviembre de 2017. Así fue presentado por el fiscal general Jorge Díaz en los últimos días ante la Comisión de Constitución y Códigos de la Cámara de Diputados.

Según el jefe del Ministerio Público, esto implica que la población carcelaria, que en los primeros meses de vigencia del código había disminuido, en función de una baja cantidad de imputaciones, haya comenzado a crecer en la medida que las imputaciones suben.

Los números de la Fiscalía indican que ya van ocho meses con un promedio de 1.300 imputaciones mensuales, lo que incluso supera lo que sucedía en el sistema anterior, cuando no se superaban las 1.200.

“De hecho, si hoy no superamos las 11 mil personas andamos ahí”, dijo Díaz. “El último número indicaba 10.900 y teníamos un crecimiento de 34 o 35 por semana, por que ya debemos haber pasado las 11 mil o estaremos raspando esa cifra”.

Es decir que hoy ya existen tantos privados de libertad en el país como había cuando comenzó a aplicarse el código, con una diferencia marcada por Díaz. El 60% de los reclusos está cumpliendo condena, en tanto el 40% restante espera juicio.

Díaz aprovechó para remarcar que decir que, en un sistema como el actual, los juicios orales son la regla y los procesos simplificados la excepción es un error conceptual.

Según sostuvo, en sistemas como los anglosajones, con más de 300 años de antigüedad, los procesos orales llegan, como máximo, al 7%. Lo mismo sucede en Chile o Colombia, los primeros en implementar el sistema acusatorio en la región.

“Si se me pregunta si me parece que hay pocos juicios orales, mi respuesta es sí”, afirmó Díaz.

Es por eso que, anunció, la Fiscalía acaba de crear una “unidad de litigación estratégica”, debido a que “estamos convencidos de que tenemos que elevar sustantivamente el bajo porcentaje de juicios orales”. Para eso es que se está apoyando a los fiscales en la elaboración y el desarrollo de los juicios.

“He escuchado que algunas personas dicen que tiene que haber un 20% de juicios orales”, sostuvo. “Con todo respeto, digo que es lo mismo que indicar que el presupuesto para la educación tiene que ser de determinado monto. Son números mágicos”.

Ningún sistema en el mundo llega a esos guarismos, afirmó. En el mejor de los casos, los juicios orales nunca superan el 10% del total.

En la Comisión, Díaz insistió en su apoyo a la introducción en el proceso de la figura del “querellante”. Una figura que “resuelve todos problemas”, porque con una víctima que pueda ser querellante el eventual acuerdo de un proceso abreviado necesariamente deberá tener su consentimiento.

Esta figura, insistió, tiene una triple ventaja. Primero, porque restituye en el proceso al titular original del conflicto, que es la víctima. También se elimina su presión sobre el fiscal, ya que podrá hacer prueba, ir a las audiencias y recurrir.

“El fiscal haría su trabajo y, si la víctima entendiera que tiene que acusar, acusa, asumiendo ella la carga del juicio”, expresó.

Bajar la carga de trabajo

Ante los legisladores Díaz repartió un anteproyecto de ley que propone la eliminación de la intervención de los fiscales como terceros en procesos no penales, lo que requeriría la modificación del Código General del Proceso y del Estatuto del Ministerio Público.

Supondría, dijo, una disminución de carga de trabajo muy importante para los fiscales. Al mismo, transformaría definitivamente a la institución en una de investigación y de persecución criminal y dejar de servir “tanto para un fregado como para un cocido”.

Otro anteproyecto presentado por Díaz implica que la Fiscalía sea sustituida por la Dirección General de Aduanas en la representación del Estado en aquellos procesos aduaneros en los que persiga una infracción aduanera, no una penal.

Polémicas por decisiones

“Voy a referirme a la visión sobre el ridículo”, dijo Díaz en determinado momento de su intervención. “Puedo no compartir muchas decisiones que toman los fiscales y, de hecho, no las comparto”, dijo. “Todos los días me trago un sapo”.

Sus comentarios eran en referencia a determinados fiscales que, con sus decisiones, generaron polémica.

Uno de los mencionados fue el de las “tortas fritas”, vinculado a un caso de receptación en la ciudad de San Ramón, en Canelones, donde un hombre de 72 años, jubilado municipal y sin antecedentes, le compró una bordeadora a un adolescente con algunas “actuaciones” en la Justicia.

El objeto había sido denunciado por hurto, y el hombre terminó siendo imputado. El fiscal accedió a la suspensión del proceso, condicionando la reparación simbólica del daño. El jubilado ofreció hacer 100 tortas fritas para beneficio de la comunidad.

Al respecto Díaz sostuvo que si se hubiera establecido “hacer tantas horas de trabajo a la comunidad” no habría pasado absolutamente nada. El problema, dijo, fue que apareciera la palabra “tortas fritas”. Para Díaz, hubo una decisión mal comunicada, que expuso a todos los fiscales al cuestionamiento público, pese a que fue legal.