Rechazan la falta de “perspectiva de género” de nueva ley de cárceles

Publicado: 10/02/2019 16:22
Rechazan la falta de “perspectiva de género” de nueva ley de cárceles

Mesa de Trabajo sobre Mujeres Privadas de Libertad cuestiona que la única mención a las mujeres sea cuando se habla de madres con niños.

Destinado a crear un nuevo tipo de institucionalidad con la salida de las cárceles de la órbita del Ministerio del Interior, el proyecto de Ley de Organización del Sistema Penitenciario Nacional sigue recibiendo críticas y, a esta altura, es poco probable que pueda ser aprobado tal como fue redactado por el Poder Ejecutivo.

En diciembre, la iniacitiva había recibido fuertes cuestionamientos del comisionado parlamentario, Juan Miguel Petit, en cuanto a que la nueva ley plantearía un “salto de setenta años hacia atrás” del sistema.

Ahora se sumó la Mesa de Trabajo sobre Mujeres Privadas de Libertad, que acudió al Parlamento a rechazar la mayor parte del proyecto.

Se trata de una organización conformada por integrantes de Universidad de la República, ex directoras de la Cárcel de Cabildo, Cotidiano Mujer, la Intendencia de Montevideo y el Rotary Club, entre otros.

Si bien se ve como altamente favorable la salida del sistema penitenciario del Ministerio del Interior, la Mesa consideró necesario fortalecer la perspectiva de género y, en particular, visualizar las especificidades vinculadas a la mujer en ese sistema.

La asesora del comisionado parlamentario, Margarita Hermida, dijo ante la Comisión de Constitución y Códigos de Diputados que preocupa el hecho de que en el único momento en que el proyecto hace mención específica a la situación de las mujeres privadas de libertad es cuando refiere a las madres con hijos, desconociendo las especificidades de la reclusión femenina en todos los otros aspectos de su vida no vinculados a la maternidad.

En particular se rechazó que el artículo 75 de la ley considere a las actividades laborales como un deber para las penadas y suponga una pérdida de beneficios en caso de rehusarse a trabajar.

“Desde la Mesa consideramos al trabajo de las personas privadas de libertad como un derecho fundamental, que ha sido vulnerado sistemáticamente, particularmente en el caso de las mujeres”, apuntó.

En la actualidad, se estima que solo una quinta parte de las presas trabaja, debido a que el acceso a las plazas laborales es más restringido que el promedio del sistema penitencario.

Otro punto de preocupación gira en torno a que el proyecto establece explícitamente que las actividades laborales dentro de la prisión no estarán reguladas por el régimen del derecho común.

“No están previstos aspectos vinculados a la seguridad social como jubilaciones, licencias por maternidad, asignaciones familiares o regulación de las remuneraciones”, sostuvo Hermida.

En cuanto a la educación, se ve con preocupación que no se garantice la promoción de la enseñanza secundaria o técnica por parte de las autoridades, así como tampoco la coordinación de los planes educativos con el sistema público a nivel nacional, para garantizar la posibilidad de que los internos sigan con sus estudios al salir de prisión.

Llama la atención, sostuvo, que las posibilidades educativas estén condicionadas al tratamiento que recibe cada persona y no a una política universal y garantista por parte del Estado.

El artículo 70 del proyecto especifica que la educación no puede ser limitada por motivos injustificados, “pero es el entender de esta Mesa que necesario clarificar que no serán justificados los motivos relativos a las medidas disciplinarias”, pidió Hermida.

Para la organización, las actividades educativas y laborales no pueden estar condicionadas por sanciones.

En lo que respecta a la salud, preocupa la ausencia de una perspectiva de atención integral para las mujeres en términos generales, pero también en lo que refiere a la salud sexual y reproductiva, el consumo problemático de sustancias y la atención de la salud mental, si se considera el alto índice de psicofármacos que se indican a las mujeres presas.

Según los últimos datos oficiales disponibles, el porcentaje de mujeres que consume medicamentos psiquiátricos en las cárceles uruguayas triplica a los hombres.

Madres con hijos

Una observación importante al proyecto radica en la situación de las reclusas embarazadas o con hijos.

En ese sentido y debido a la “perspectiva androcéntrica” que aún predomina en el sistema penitenciario se considera riesgoso lo establecido en el artículo 56, que reduce a la mitad la edad en la que los niños pueden permanecer con sus madres en prisión.

Hoy ese plazo está establecido en cuatro años, con un máximo excepcional de ocho.

Llama la atención también, indicó Hermida, que no exista en el proyecto ninguna mención al protocolo de atención a los niños cuyos responsables estén privados de libertad. Así se cuestiona que las madres, desde el momento de nacimiento de su hijo y mientras permanezcan ocupándose de su cuidado deberán ser relevadas de toda actividad incompatible.

Una decisión que, objetan, queda librada a la consideración de terceros que no están claramente identificados, y en los que recaerá la definición sobre si las actividades laborales, educativas o recreativas desarrolladas por las mujeres previo a la maternidad son compatibles.

“Deberá ser la mujer madre y no un agente externo la que defina cuál será su participación en las esferas de la vida. La maternidad no puede ser, en ningún caso, motivo por el cual la mujer pierda su plaza laboral o educativa”, afirmó.

La Mesa objetó además que la ley no mencione la búsqueda de medidas alternativas a la prisión en el caso específico de las mujeres embarazadas o con niños a cargo. También el vacío sobre la atención de la salud, controles médicos y exámenes de rutina.

En especial, las consideraciones de seguridad en el momento del parto y postparto respecto a la utilización de grilletes y esposas, así como la presencia del padre o familiares.

En ese sentido la Mesa consideró que debería existir un centro que contemplara a las mujeres con hijos, con personal capacitado y especializado en primera infancia, que trascienda los aspectos que lo identifiquen como una unidad penitenciaria.

Trans, gais,lesbianas y migrantes

La Mesa de Trabajo se refirió en sus consideraciones ante los legisladores a las ausencias que el proyecto adolece en cuanto a los hombres y mujeres trans y la población de gays, lesbianas y migrantes.

En ese sentido Hermida apuntó a la enorme soledad en la que se encuentra en las cárceles este último colectivo, con mujeres que muchas veces tienen a sus hijos en sus países de origen.

Al respecto la organización sugirió la posibilidad de que puedan cumplir allí sus penas.

Otro punto importante sería habilitar el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo para las mujeres migrantes presas. Muchas de ellas, se sostuvo, ingresaron al país estando embarazadas y por lo tanto no pueden acceder a un aborto según lo previsto por la normativa.

En ese marco se planteó incluirlas en la excepcionalidad, contemplada en la reciente ley contra la violencia basada en género, para las migrantes víctimas de explotación sexual.

Con respecto a las personas trans, se subrayó la presencia de mujeres en un módulo del Comcar que no han terminado su cambio de nombre y sexo registral, así como mujeres trans que tienen el trámite concluido pero permanecen en cárcel de mujeres.

Es el artículo 50 del proyecto habla de la clasificación según el género de la persona, pero no aclara cómo se designa el género, entrando en posibles contradicciones con la actual legislación.

En ese sentido la recomendación es que la persona trans pueda decidir en qué tipo de establecimiento cumplir su condena.