Trabajadores sexuales denuncian precarización laboral y juntan firmas

Publicado: 12/07/2018 18:12
Trabajadores sexuales denuncian precarización laboral y juntan firmas
EFE (Archivo)

Dicen que hay prostíbulos sin agua potable y se concentrarán en la explanada de la Facultad de Derecho para pedir la modificación de una ley

Un grupo de trabajadoras y trabajadores sexuales llegó Montevideo a dedo desde distintos puntos del país para concentrarse este viernes a partir de la hora 10.30 en la explanada de la Facultad de Derecho y recolectar firmas para cambiar la Ley 17.515.

“Venimos de Young, Melo, San José, Rivera, Mercedes, Salto y Canelones”, dice una de las integrantes del grupo que conforman prostitutas, una mujer trans y un taxi boy.

“Yo entré por primera vez a una whiskería con 26 años junto a otras compañeras que trabajan conmigo en la calle. A partir de ese momento me fui empoderando y cuando tuvimos que viajar a Montevideo porque la enfermedad de una compañera me fui empoderando”, le cuenta a ECOS la referente del grupo, Karina.

La compañera en cuestión tenía sida y falleció, al igual que otras tantas colegas de profesión en una época donde poco se conocía de la enfermedad y los métodos anticonceptivos no gozaban de la popularidad actual.

“A partir de ese momento me empecé a dar cuenta de un montón de cosas y a exigir que nos tenían y nos teníamos que cuidar”, agrega.

Lo que pretenden hoy estas trabajadoras sexuales es modificar una ley que data de 2002, donde se reconoce al meretricio como un trabajo aunque para las trabajadoras sexuales lo hace “desde una perspectiva epidemiológica que criminaliza a quienes lo ejercen”.

“Lo que queremos es modificar la ley, darle una actualización porque es una ley obsoleta y porque queremos sacarla de la órbita de Salud Pública para llevarla al Ministerio de Trabajo, lo que no parece lo más lógico porque se lo reconoce como tal”, sostiene.

En Uruguay hay 12.000 trabajadores registrados y otros 36.000 en el mercado informal según apuntan desde el colectivo, sin un sindicato que los ampare tras la disolución de la Asociación de Meretrices Profesionales del Uruguay en 2015.

Además reclaman el acceso a la seguridad social, jubilación, formación y acceso a la salud integral como cualquier otra persona. “La ley vigente es de 2002 y para jubilarte exige un mínimo de 25 años de aportes cuando la ley tiene 16 años. Hoy de prostituta no se jubila nadie”, añade.

Para María Ximena, una trabajadora sexual de Melo de 26 años, la ley no toma a los actores como sujeto de derecho.

“La ley criminaliza y estigmatiza a los trabajadores sexuales todo el tiempo, está pensada para los proxenetas y los consumidores, pero nunca para las compañeras que realizan esta profesión. Yo trabajo en un apartamento privado, nunca entré a una whiskería pero tengo amigas que si trabajan ahí y no estoy ajena a la realidad, hay lugares donde no hay agua potable ni las mínimas condiciones de seguridad”, afirma.

En la actualidad la ley tiene jurisdicción sobre el Ministerio del Interior, que tiene bajo su control el Registro del Trabajo Sexual y el Ministerio de Salud Pública, que realiza los controles sanitarios.

Además el colectivo denuncia que el Estado ejerce violencia institucional sobre sus colegas trans, ya que en los exámenes de profilaxis se los llama con el nombre masculino. “Esta ley tampoco contempla identidades de género”, repiten.

Para Karina es vital que el abordaje clínico sea el mismo para las trabajadoras sexuales que para el resto de la población.

“Pedimos un carnet laboral cada dos años y el tratamiento como cualquier persona si tuviste una patología de origen sexual. En las certificaciones se hacen exámenes y se omiten otros que se le exigen a cualquier trabajador de otro rubro”, afirma.

VIH, sífilis, hepatitis B y C son las enfermedades a detectar por los controles. Para eso se realizan exudados de todo tipo en vagina, ano, boca y pene, pero se omiten estudios como las mamografías.

Ambas reconocen que en Montevideo la prostitución está más aceptada pero que en el interior del país el escenario es más complejo.

“Yo vivo en el interior profundo y se nos estigmatiza, no solo a nosotras, sino también a nuestros hijos o familiares directos. Hablar la situación y dar a conocer nuestra fuente de ingresos suele ser traumático para muchas personas y se rompen muchas relaciones familiares. Yo vivo en Fray Bentos y trabajo en todo el país menos en mi ciudad porque es el lugar donde viven mis hijos”, define Karina.

A la hora de pedirles una firma a los seres queridos, la vocera del grupo suelta una carcajada y reflexiona.

“Depende de cada familia, si yo le pido una firma a mis hermanas seguramente me tiren una bomba, pero vi compañeras que llevan a sus madres a firmar por la campaña. Es según qué tan roto o sano estén los vínculos familiares”.

Un viaje a dedo hacia la capital

Las trabajadoras sexuales llegaron a dedo desde los diferentes puntos del país: “Tenemos que venir a morir a la capital para que el tema empiece a sonar y tener presencia en los medios. Si no hacemos ruido acá los senadores o diputados no nos van a dar bola. Le escribimos a todos los legisladores y solo cuatro nos respondieron”.